Jorge Treviño

La Constitución Política de México es el documento que define las reglas del juego para el país: establece cómo se organiza el gobierno, cuáles son los derechos de los ciudadanos y cómo debe funcionar nuestra sociedad.

Tiene dos grandes funciones:

Parte dogmática: reconoce los derechos humanos y las garantías individuales.

Parte orgánica: define la división de poderes —Ejecutivo, Legislativo y Judicial—, así como la organización de los estados y municipios.

Además, se sostiene sobre principios fundamentales que le dan identidad a la nación: la soberanía popular (el poder nace del pueblo), los derechos sociales, el laicismo y el federalismo.

En esencia, la Constitución es el contrato social que nos permite vivir en democracia, asegurando que nadie esté por encima de la ley.

En los últimos días hemos escuchado a la presidenta Claudia Sheinbaum hablar constantemente de soberanía y de Constitución, pero curiosamente lo ha hecho en contextos muy distintos.

Por un lado, ha sido particularmente incisiva con el Gobierno del Estado de Chihuahua por la aparente participación de dos agentes de la CIA en un operativo para desmantelar un laboratorio de drogas en el municipio de Morelos. En este caso, el énfasis ha estado en la intervención de agentes de un país extranjero sin autorización del gobierno federal, lo cual —según su postura— representa una violación a la soberanía nacional.

Por otro lado, ante el inicio de procesos judiciales por parte de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa y otros funcionarios mexicanos, principalmente por presuntos vínculos con el narcotráfico y posesión ilícita de armas, nuevamente se recurrió al argumento de la soberanía nacional. Esto, a pesar de que desde hace años existen fuertes versiones sobre posibles nexos entre Rubén Rocha Moya y la delincuencia organizada.

Aquí surge una contradicción evidente: en un caso, la Constitución se invoca para cuestionar a un gobierno que actuó contra el crimen organizado; en el otro, parece utilizarse para blindar políticamente a quienes podrían estar vinculados con él.

En ambos casos, la exigencia de una investigación seria, profunda y transparente es irrefutable. Sin embargo, el tono que ha asumido el gobierno federal resulta preocupante, porque da la impresión de que la Constitución se usa más como una herramienta de conveniencia política que como el fundamento supremo del Estado de derecho.

La Constitución no puede convertirse en un argumento a la carta, útil solo cuando conviene al poder. Su verdadero sentido está en garantizar justicia, legalidad y límites claros para todos, especialmente para quienes gobiernan. Porque si algo debe dejar claro nuestra Constitución, es que absolutamente nadie puede estar por encima de la ley.