Jorge Treviño

Las instituciones democráticas no son perfectas. Las construyen personas, que pueden equivocarse, abusar de su posición o cometer delitos. Una democracia sólida corrige esos errores sin destruir aquello que tanto costó construir.

La autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) fue una conquista de la sociedad mexicana, resultado de décadas de desconfianza y reformas para evitar que el gobierno controlara las elecciones. Su deterioro debe preocuparnos más allá de las diferencias partidistas.

Desde la designación de Guadalupe Taddei surgieron señales de alarma. La falta de acuerdos llevó a resolver su nombramiento mediante un sorteo, legal pero incapaz de sustituir los consensos deseables para un cargo de esta responsabilidad. Sus vínculos familiares con figuras de Morena no prueban parcialidad, pero hacían indispensable exigir mayores garantías de independencia.

Durante su gestión, las controversias sobre contrataciones y posibles conflictos de interés profundizaron las dudas sobre transparencia y controles internos. Su renuncia no cierra el caso: el Órgano Interno de Control investiga a funcionarios y empresas por presuntas irregularidades, y quince funcionarios vinculados con su gestión han dejado sus cargos. Esto no prueba culpabilidad; exige investigaciones rigurosas y debido proceso. Si se acreditan faltas o delitos, debe haber consecuencias, incluidas las penales cuando corresponda. Dejar un cargo no puede ser una vía para eludir responsabilidades.

Pero corregir los errores de una institución no significa desmantelarla. En México se ha vuelto recurrente que, ante fallas, abusos o corrupción, se debiliten estructuras completas y se pierdan capacidades técnicas, hasta comprometer organismos necesarios. El remedio puede costar mucho más que el problema original.

El INE necesita controles efectivos, transparencia, decisiones colegiadas y una independencia visible en los hechos. Si sus reglas permiten concentrar poder o dificultan la rendición de cuentas, deben corregirse. Si sus funcionarios incumplen la ley, deben ser investigados y sancionados. Las reformas deben fortalecer al árbitro electoral, no debilitar su capacidad para organizar elecciones confiables.

No confundamos la defensa de una institución con la defensa de quienes la dirigen, ni convirtamos sus errores en pretexto para destruirla. México necesita instituciones que funcionen, servidores públicos que rindan cuentas y reformas que resuelvan problemas, no decisiones que sacrifiquen décadas de avances por una coyuntura política.

La democracia no se fortalece encubriendo errores ni destruyendo instituciones. Se fortalece corrigiendo lo que funciona mal, sancionando a quien lo merece y preservando lo indispensable para el país.