Jorge Treviño

Este 23 de julio el INEGI anunció oficialmente que asumió formalmente las funciones que antes correspondían al desaparecido CONEVAL, entre ellas el análisis de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), una de las fuentes fundamentales para comprender la evolución de la pobreza y el bienestar en México.

Para nadie es desconocida la capacidad técnica del INEGI y sus más de 40 años de experiencia generando datos confiables. Sin embargo, es importante resaltar que este cambio recién anunciado representa un riesgo estructural para el ecosistema de evaluación de políticas públicas, y, sobre todo, para el derecho de la sociedad a contar con información independiente, crítica y útil para el combate a la pobreza.

La extinción del CONEVAL fue, sin duda alguna, una decisión regresiva, ya que este trascendental órgano no solo medía la pobreza: la explicaba, la desglosaba y evaluaba las políticas diseñadas para reducirla, desde una trinchera autónoma, especializada y sin subordinación al poder político.

Entonces, transferir sus atribuciones al INEGI puede parecer una solución técnica, pero en la práctica abre la puerta a la concentración de funciones y a una sobrecarga institucional que puede traducirse en omisiones, rezagos o pérdida de profundidad analítica. Porque, aunque en su comunicado oficial el instituto asegura que va a conservar la metodología del CONEVAL, lo que se pierde es el espacio de deliberación, de crítica pública y de evaluación con contrapesos.

La discusión pública se ha centrado también en que los procesos logísticos de información estadística que realizaba el personal especializado de CONEVAL pudieran perderse, al transferir esas encomiendas a funcionarios del INEGI sin la experiencia necesaria; en ese tenor, se encienden alertas rojas en temas como:

La dilución del enfoque multidimensional de la pobreza, al concentrarse en la recolección y no en la interpretación rigurosa y contextual. El sesgo o censura de datos sensibles si no existen órganos autónomos que actúen como vigilantes independientes de las cifras.

Además, la falta de seguimiento a la evaluación del impacto real de programas sociales, que ahora podría depender de voluntades políticas y no de evidencia técnica. Así como retrasos y errores por saturación de funciones, pues, como lo dije líneas arriba, el INEGI ya tiene una carga amplia y compleja que no puede simplemente asumir nuevas tareas sin recursos adicionales y personal especializado.

Sin embargo, ante esta alarmante situación, es alentador que desde la sociedad civil se haya anunciado la conformación del Consorcio por la Medición y la Evidencia, integrado por instituciones como México Evalúa, el IMCO, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, el Instituto de Investigaciones para la Equidad (EQUIDE) de la Ibero y otras más, un esfuerzo colectivo que es una respuesta responsable y necesaria ante el riesgo de que la información se politice o se convierta en herramienta de propaganda.

Hoy más que nunca, México necesita datos, pero sobre todo necesita confianza en esos datos. Y la medición de la pobreza no puede depender de una sola voz, ni estar sujeta a los intereses de ningún gobierno.