Jorge Treviño

A principios del mes, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, anunció que la jornada laboral en México se reduciría de 48 a 40 horas semanales, atribuyendo la medida a los beneficios que generaría en el bienestar y la felicidad de las familias. Añadió, además, que esta reducción no afectaría la productividad del país.

Es importante subrayar lo delicado del tema. Por un lado, es clara la necesidad de una estrategia integral que dignifique la vida del trabajador; por otro, es innegable que el entorno productivo global exige cada vez mayor eficiencia y competitividad.

Durante mucho tiempo, el sector empresarial operó bajo la idea de que su única responsabilidad era generar desarrollo económico, confiando en que este se traduciría automáticamente en desarrollo social. Sin embargo, la historia ha demostrado que esa fórmula, si bien ha producido avances en términos macroeconómicos, ha dejado a muchas personas fuera del barco del progreso.

Con esto en mente, el empresariado ha buscado estrategias más incluyentes. En COPARMEX, por ejemplo, nació hace unos años el Modelo de Desarrollo Inclusivo (MDI), que propone abordar no solo el desarrollo económico, sino también el social y el político. Parte de la premisa de que es indispensable una visión integral y de colaboración, en la que empresas, gobierno y sociedad trabajen juntos por un desarrollo verdaderamente sostenible.

Desde esta óptica, una decisión como la reducción de la jornada laboral debería tomarse de forma consensuada, con un enfoque inclusivo e integral, considerando a todos los actores involucrados —gobierno, trabajadores y empresas—, y equilibrando tanto el desarrollo social como el económico.

Más aún, si como expresó el secretario Bolaños, el objetivo es mejorar la calidad de vida del trabajador mediante más tiempo en familia, valdría la pena preguntarse: ¿no sería más eficaz enfocarse en mejorar el sistema de salud, el transporte público o la infraestructura vial? Estas también son condiciones que impactan directamente el bienestar de las personas.

Tampoco podemos ignorar a las MIPYMES: 4.7 millones en México, que representan el 99.8 % de las empresas y generan el 68 % del empleo formal. ¿Cómo les afectará esta medida? Es una pregunta fundamental que debe estar en el centro del debate.

En este contexto, también vale la pena retomar una demanda del sector privado: la plena deducibilidad de las prestaciones sociales laborales. Hace más de una década, una reforma al ISR redujo la deducibilidad de prestaciones como los vales de despensa, fondos de ahorro y seguros de gastos médicos. Recuperar esa deducibilidad no solo beneficiaría directamente al trabajador —al ampliar sus prestaciones—, sino que también ayudaría a las empresas a compensar el costo económico de la reducción de la jornada.

En México nos distinguimos por nuestra creatividad e ingenio. Con visión, diálogo y voluntad, es posible encontrar soluciones que permitan a los trabajadores gozar de una vida digna y familiar plena, al mismo tiempo que se genera un entorno propicio para que las empresas crezcan y prosperen. Pero esto solo será posible si apostamos por una visión verdaderamente inclusiva e integral.