Jorge Treviño

México atraviesa un momento decisivo. Los hechos recientes —bloqueos carreteros con pérdidas millonarias, conflictos sociales, corrupción, violencia creciente y un desgaste evidente entre ciudadanía y gobierno— revelan una crisis que ya no puede minimizarse. La toma de carreteras por productores y transportistas confirma el hartazgo de sectores que llevan años exigiendo seguridad y certidumbre para trabajar. No son reclamos aislados; son síntomas de un modelo de gobierno que dejó de escuchar y que sustituye soluciones reales por foros de simulación que no resuelven nada.

A ello se suman episodios que estremecen: el homicidio del alcalde Carlos Manzo en Michoacán; las protestas de maestros contra la reforma al ISSSTE; y las marchas de jóvenes que denuncian violencia, inseguridad y corrupción que son evidentes en estados como Tabasco y Sinaloa. En Chihuahua, la situación no es distinta. El multihomicidio en un carril de caballos en Parral, las balaceras en Guachochi, los enfrentamientos en la zona sur y los homicidios múltiples que se replican en distintas regiones revelan un deterioro profundo del orden público. La violencia se ha normalizado al punto de amenazar la cohesión social y la tranquilidad de las familias.

Las consecuencias son claras: cadenas de suministro interrumpidas, actividades esenciales paralizadas y una creciente desconfianza entre inversionistas, trabajadores y comunidades enteras. Y, sin embargo, desde el discurso oficial se insiste en que México está “feliz”. Pero, ¿realmente lo estamos?

La experiencia diaria de quienes producen, transportan, emprenden o simplemente se desplazan por sus ciudades demuestra lo contrario. La ciudadanía está enviando un mensaje inequívoco: la falta de escucha, la ausencia de soluciones, la constante polarización, más allá de solucionar los problemas, y la improvisación, han llevado al límite a sectores que hoy demandan respuestas inmediatas. La paciencia se agota y el riesgo de un estallido social mayor no puede ignorarse.

Enfrentar esta crisis múltiple requiere visión de Estado y una reconstrucción urgente del diálogo. Y la solución no radica en la imposición ni en la descalificación de quienes protestan, sino en reconocer la legitimidad de sus demandas, garantizar seguridad en las rutas estratégicas, atender la crisis del campo, restablecer la movilidad y devolverle a México las condiciones para ser un país productivo y competitivo.

Hoy el llamado es firme y responsable: es momento de asumir la gravedad del momento que vivimos, abandonar la narrativa triunfalista y responder con acciones efectivas a quienes sostienen la economía y generan empleo. El país merece mucho más que una ilusión de felicidad; merece soluciones, seguridad y un rumbo claro.