Jorge Treviño

Se dice con frecuencia que la silla presidencial en México tiene un efecto casi mágico de transformación: quien la ocupa revela su verdadero yo y se deslinda de cualquier vínculo o dependencia personal y/o política. Y si algo ha mostrado la historia, es que no se trata de una simple metáfora, sino de un proceso institucionalizado entre la lealtad al predecesor y la necesidad de legitimidad propia.

Ahí están los ejemplos que definen la política moderna mexicana. La más emblemática es la de Lázaro Cárdenas expulsando del país a Plutarco Elías Calles, el "Jefe Máximo" que lo llevó al poder. Décadas después, Miguel de la Madrid denunció el despilfarro y la opulencia de su antecesor, José López Portillo, marcando una línea moral y económica. Incluso en tiempos más recientes, y contra todo pronóstico, Ernesto Zedillo llevó a prisión a Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas. Estos eventos son el testimonio de que la supervivencia política del nuevo titular requiere la independencia real y la separación de la sombra del antecesor.

Con la actual administración parecía que esa tradición llegaría a su fin. La presidenta Claudia Sheinbaum declaró en más de una ocasión que no rompería con Andrés Manuel López Obrador y que, por el contrario, su gobierno daría continuidad a su legado. Sin embargo, comienzan a verse señales que apuntan en otra dirección: investigaciones contra funcionarios cercanos al expresidente, señalamientos contra sus aliados y, como tiro de gracia, acusaciones que alcanzan a sus propios hijos.

Cada vez que se le pregunta al respecto, Sheinbaum responde que su gobierno no interviene en esos procesos. Pero resulta difícil creer que investigaciones de tal calibre no hayan tocado base en Palacio Nacional antes de salir a la luz pública.

Habrá que ver en qué termina todo esto. Si la historia se repite, pronto veremos el verdadero rostro político de Claudia Sheinbaum. Y esa sigue siendo una incógnita: por un lado, ha mostrado mayor disposición al diálogo que su antecesor; por otro, ha dado señales preocupantes de querer debilitar contrapesos y mecanismos de transparencia, pilares fundamentales del Estado de derecho en toda democracia.

Ojalá que sus objetivos y estrategias estén alineados con lo que anhelamos millones de mexicanos: un país con desarrollo inclusivo que alcance a todas las regiones y estratos sociales, un Estado de derecho objetivo, transparente y justo donde la ley se aplique sin distinción ni sesgo político, y un modelo integral que genere oportunidades reales para todos.

La silla presidencial exige no solo lealtad a un proyecto, sino lealtad a México. La presidenta tiene ahora la oportunidad histórica de demostrar que su verdadero compromiso es con el futuro, no con el pasado.