Jorge Treviño

México vive un momento particularmente complejo. La agenda nacional está marcada por desafíos profundos: la inseguridad que afecta a miles de familias, la necesidad de fortalecer nuestra posición frente al T-MEC, la reciente reforma judicial y cambios relevantes en materia laboral que inciden directamente en la competitividad del país.

En este contexto, surge la propuesta de una reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Y la pregunta es inevitable: ¿es este el momento adecuado para abrir ese frente?

Nuestro sistema electoral, como cualquier otro, es perfectible. Existen áreas de oportunidad que deben revisarse con seriedad. Sin embargo, no enfrentamos una crisis electoral ni un problema estructural que ponga en duda la legitimidad de nuestras elecciones.

Por el contrario, México ha construido durante décadas un sistema robusto que ha permitido la alternancia en el poder de manera pacífica. En los últimos veinte años, tres fuerzas políticas distintas han encabezado el Poder Ejecutivo federal, reflejo claro de una democracia funcional. Este logro debe valorarse.

Uno de los principales argumentos para impulsar ahora un Plan B es el supuesto ahorro. Vale la pena cuestionarlo: ¿realmente queremos abaratar nuestra democracia? ¿Es el costo el problema central?

La democracia implica costos: garantizar equidad, certeza y confianza institucional. Reducirlos sin un análisis profundo puede debilitar aquello que ha dado estabilidad política al país por décadas.

Si el objetivo es generar eficiencias, existen frentes mucho más relevantes. Proyectos y empresas paraestatales como PEMEX, ofrecen oportunidades mucho más significativas para optimizar recursos y fortalecer las finanzas públicas.

Impulsar un cambio así, bajo el argumento exclusivo del ahorro, no solo resulta insuficiente, sino potencialmente riesgoso si no se analizan con rigor sus implicaciones institucionales. Además, en la práctica, quedó claro que no es momento para ello, pues ni los partidos aliados al Poder avalaron el Plan A propuesto por el gobierno federal.

Una reforma así debe discutirse integralmente por todos los involucrados, considerando su efecto en la gobernabilidad, la pluralidad y la confianza ciudadana, evitando decisiones que, en el corto plazo, aparenten eficiencia, pero que en el mediano y largo plazo debiliten la democracia.

Hoy, abrir este debate puede desviar la atención de lo verdaderamente urgente: seguridad, crecimiento económico, certidumbre jurídica y Estado de derecho.

México necesita claridad en sus prioridades. Antes de modificar las reglas de competencia política, debemos garantizar condiciones básicas de estabilidad y desarrollo.

El llamado es claro: concentrar esfuerzos donde más se necesitan.