Jorge Treviño

El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, no es un hecho aislado. Es un recordatorio brutal de la profunda herida que la violencia ha dejado en México. Cada vez que un servidor público, un empresario, un periodista o un ciudadano pierde la vida a manos del crimen, el mensaje es el mismo: el Estado ha fallado en su deber más elemental, el de garantizar la seguridad y la paz.

La seguridad pública no es un favor del Gobierno. Es su razón de ser. Para eso existe la autoridad del Estado: para proteger a quienes cumplen la ley y sancionar a quienes la violan. Por eso, escuchar frases como “abrazos, no balazos” resulta ofensivo para millones de ciudadanos que todos los días cumplen con la ley, trabajan, pagan impuestos y educan a sus hijos con valores.

Más preocupante aún es la constante tentación de trasladar la culpa a los gobiernos del pasado. Hacerlo, además de una irresponsabilidad, es un diagnóstico equivocado y un claro signo de incompetencia. Es como decir: “como el problema viene de antes, no es mi responsabilidad y no me toca resolverlo”. Gobernar implica asumir lo heredado, corregir lo equivocado y construir sobre lo correcto. No hay otra forma.

Pero el reclamo ciudadano no puede quedarse en la indignación. Tenemos que aprender a exigir y asumir la responsabilidad que nos corresponde como ciudadanos en una democracia. Hay que informarnos, definir qué nos importa y cómo medirlo. A medida que la sociedad se prepare mejor, podrá exigir con fundamento, y el gobierno —si escucha— recibirá retroalimentación valiosa para mejorar y crecer.

Y aquí entra la juventud. Los jóvenes no son sólo el futuro de México por su peso demográfico, sino por su papel fundacional: representan la posibilidad activa de cambio, de renovación y de exigencia genuina. Es urgente que despierten, que se involucren, que comprendan el vínculo positivo que se genera cuando la ciudadanía vigila, propone y acompaña al gobierno.

En este contexto, las recientes movilizaciones ciudadanas que se están dando como Movimiento del Sombrero y Marcha de la Generación Z, son destellos de ese despertar, de una conciencia emergente: la de una juventud que reconoce que la seguridad y la justicia no son discursos, sino derechos fundamentales vinculados al bien común.

No dejemos que este asesinato sea una estadística más. Que esta tragedia nos sirva de llamada de atención —y de acción— para exigir al gobierno lo que le corresponde: seguridad, justicia y resultados.

Porque cuando el Estado falla en su deber de proteger, la sociedad tiene el deber de reclamar y de exigir.