Jorge Treviño

Las recientes modificaciones al juicio de amparo y los cambios que se discuten en materia electoral no son simples ajustes legislativos; son alteraciones profundas al equilibrio de poderes y a los mecanismos que garantizan nuestras libertades. Como empresarios y ciudadanos no podemos permanecer indiferentes ante lo que pone en riesgo la confianza y la certeza para construir un país con más y mejores oportunidades.

En primera, el amparo ha sido, por más de un siglo, el escudo del ciudadano frente a los abusos del poder, y limitar su capacidad para suspender actos de autoridad, o restringir quién puede promoverlo, es abrir una puerta peligrosa que da camino hacia la arbitrariedad. Esto no afecta solo a litigantes o juristas; impacta a cualquier ciudadano o empresa que podría ver bloqueadas sus cuentas, cancelados sus sellos fiscales o comprometida su operación sin posibilidad de defensa oportuna.

La versión de esta ley, aprobada en la Cámara de Diputados, conservó la cláusula retroactiva que habíamos señalado como una amenaza directa a los juicios en curso, misma que mantiene restricciones que reducen el acceso a la justicia, limitan el control judicial sobre los actos de autoridad y vulneran la seguridad jurídica de todos.

Paralelamente, las reformas que se han planteado al sistema electoral mexicano deben analizarse con profunda responsabilidad, ya que un proceso democrático confiable requiere árbitros independientes y reglas estables. Las elecciones no pueden quedar sujetas a cambios impulsivos ni a mayorías circunstanciales. Cuando la ley deja de ser un piso firme, la inversión se retrae, el empleo se frena y la cohesión social se debilita.

En Chihuahua, donde miles de empresas generan oportunidades todos los días, sabemos que no hay desarrollo posible sin Estado de Derecho. No pedimos privilegios, exigimos reglas claras. Necesitamos instituciones que garanticen que nuestras decisiones se toman en un entorno de legalidad, donde el esfuerzo y la innovación no se vean amenazados por decisiones discrecionales.

Hoy, defender el amparo y cuidar nuestra arquitectura electoral no es un debate político; es un acto de responsabilidad nacional. Se trata de asegurar que ningún gobierno, de ningún color, tenga el poder de limitar derechos sin contrapesos. Se trata de garantizar que las empresas puedan invertir, crecer y emplear con certidumbre.

Ante esta situación, el llamado es al diálogo profundo, al análisis técnico y a la responsabilidad histórica cuando toca legislar. No se construye confianza cerrando puertas, sino escuchando y corrigiendo. Como empresarios, seguiremos participando con firmeza porque creemos en un México donde la ley proteja y no amenace, donde la justicia sea garante y no espectadora.