Jorge Treviño

En las últimas semanas, fuimos testigos de varias reformas e iniciativas gubernamentales que, bajo el discurso de modernización y eficiencia, plantean riesgos evidentes para los derechos fundamentales de las personas y para la libertad con la que deben operar las empresas.

En ese sentido, es alarmante que se esté configurando un entorno de control cada vez más profundo por parte del Estado, que en lugar de fortalecerse a través de la confianza y el Estado de Derecho, avanza por la vía de la vigilancia.

Uno de los temas más preocupantes es la CURP biométrica, un nuevo modelo de identificación que incluye huellas dactilares, reconocimiento facial e incluso datos del iris. En principio, esto podría facilitar la identificación en trámites oficiales y ser útil en localización de personas desaparecidas. Sin embargo, en ausencia de una legislación clara, y de organismos autónomos confiables como lo era el INAI, el riesgo de filtración, mal uso o vigilancia masiva se convierte en una amenaza real.

La experiencia lo demuestra. En nuestro país el historial de filtraciones de información personal en bases de datos gubernamentales no es alentador, y obliga a preguntarnos: ¿quién garantizará el correcto uso de esta información?, ¿qué consecuencias habrá si se vulnera la privacidad de millones?

Pero eso no es todo, a esto se le suma la llamada “Ley espía”, que autoriza a diversas autoridades a acceder a datos personales, bancarios, fiscales, de geolocalización e incluso información de telecomunicaciones, sin necesidad de una orden judicial.

Esto abre la puerta al abuso de poder y al espionaje político o empresarial, como ya ocurrió en el pasado con el uso del software Pegasus para intervenir ilegalmente a periodistas, defensores de derechos humanos y opositores. Entonces, la geolocalización sin control judicial, el acceso sin límite a nuestras comunicaciones, y la acumulación de datos sensibles en manos de entes gubernamentales sin contrapesos, son factores que no pueden normalizarse en una democracia.

Por ello el llamado es urgente: estas nuevas reglas deben ser claras y estar bajo el escrutinio constante. Sin embargo, desde la perspectiva empresarial, el uso de la CURP biométrica debería ser voluntario y no convertirse en requisito obligatorio para acceder a trámites o servicios. Por otro lado, debe existir una instancia de probada reputación, que supervise el sistema de recolección y resguardo de datos biométricos.

Aún más importante, es necesario que, sí o sí, cualquier acceso a datos personales con fines de seguridad sea autorizado por un juez y bajo reglas transparentes, no por decisión unilateral de una autoridad administrativa. También es indispensable que se garantice la transparencia en el uso de estos sistemas y haya sanciones reales ante el abuso de poder.

Y cierro con esto: la tecnología debe estar al servicio de la libertad, no al servicio del control. Modernizarse no es espiar, ni vigilar, ni condicionar libertades. La verdadera transformación comienza cuando el gobierno genera confianza en su gente y rinde cuentas ante ella con compromiso, pero, sobre todo, con límites.